miércoles, 27 de enero de 2010

Los demócras de la Guardia Civil rehabilitados, y los colaboracionistas con ETA a la Cárcel.

Siempre hemos mantenido que nuestros Oficiales son dignos de aplausos, son un ejemplo a seguir en nuestra querida Institución, esta personación abre una brecha de enorme calado, ahora nos toca hablar de Josu Ternera y su séquito, y la administración tiene el tiempo contado. Se abre el melón de lo que pueden ser procesos penales sorprendentes en España y en Europa, donde dentro de poco nos personaremos para decirle a ZP, basta Ya, los terroristas juzgados , condenados y a la cárcel, los demócratas de la Guardia Civil rehabilitados con todos su derechos.

La Audiencia confirma la personación compartida del PP en el 'caso Faisán'

La UO y la formación política compartirán el mismo abogado y procurador

La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Baltasar Garzón de que el PP se persone como acusación popular junto a la Unión Oficial (UO) de Guardias Civiles en la causa abierta sobre el "chivatazo" que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en el 2006. Así lo ha acordado la sección segunda de la sala de lo penal en un auto en el que rechaza el recurso presentado por el PP y por la Unión de Oficiales contra la decisión de Garzón de permitir que este partido se persone como acusación popular en la causa conjuntamente con la Unión de Oficiales, compartiendo el mismo abogado y procurador.


En su auto, el tribunal entiende que en esta investigación concurre una "convergencia de intereses y puntos de vista en la actuación procesal" de ambas partes, y añade que tratándose de acusaciones populares "no cabe hablar de fines distintos que el común a todos ellos".

"Objetivamente considerados -sostiene el auto- existe en el presente caso una coincidencia de hechos y de su presunto autor o autores, aducidos por ambas acusaciones populares que haría reiterativa e innecesaria la defensa y representación singulares de cada una de ellas".

Por ello, les insta a elegir libremente un abogado y procurador común "sin necesidad de ser representadas y asesoradas por los profesionales de las ya personadas" -Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo(AVT)-.

Antes de que Garzón admitiera la personación del PP, el magistrado la rechazó inicialmente a finales del pasado noviembre al entender que el poder notarial aportado en un principio por el partido era "insuficiente" porque tan sólo habilitaba su personación en concepto de acusación particular -figura reservada únicamente a los perjudicados directos- y no popular.

El magistrado consideró que esa "falta de congruencia entre lo pedido y lo autorizado" impedía pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, por lo que rechazó la personación del PP "por el momento" y devolvió el poder notarial aportado.

La filtración

En este procedimiento se investiga la filtración llevada a cabo por una persona que el 4 de mayo del 2006 advirtió al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, posteriormente detenido, de que estaba siendo objeto de vigilancia e investigación y que podía ser arrestado ese mismo día.

El pasado mes de octubre la Fiscalía solicitó el archivo de la causa al considerar que tres años después de iniciar la investigación no se ha averiguado quién fue el responsable, mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia ha pedido a Garzón que no archive la causa y que la Guardia Civil realice una investigación del caso.

Por su parte, la Unión de Oficiales ha valorado su personación en la causa independientemente de la AVT y Dignidad y Justicia, si bien creen que el hecho de tener que compartir abogado y procurador con el PP pretende "tergiversar y desvirtuar las motivaciones e intereses", que, según la nota, son "defender el honor e integridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, avanzó ayer que una vez que su partido consiguiera personarse en la investigación pediría todas las pruebas necesarias, "tanto testificales como documentales", para averiguar si en este caso hay "comisión de delito".

lunes, 11 de enero de 2010

Dispuestos a cerrar heridas y a ver el futuro.

La Guardia Civil está dispuesta a "cerrar heridas" tras sanciones "injustas" pero pide una investigación profunda

El Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC) ha asegurado hoy que está dispuesto a "cerrar heridas" después de que la denominada operación Columna, iniciada a finales de 1989 para sofocar el llamado "movimiento sindicalista clandestino" dentro del Cuerpo, llevara acabo sanciones "injustas" a los agentes y pidió una investigación profunda en este sentido.

EUROPA PRESS. 23.12.2009

Así lo manifestó el presidente del SUGC, José Piñeiro, en declaraciones al periódico digital Canariasaldía, recogidas por Europa Press, en las que aplaudió la Proposición No de Ley (PNL), aprobada en el Congreso de los Diputados con el objetivo de instar al Gobierno a que revise de manera individualizada los casos de agentes expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales, anulando aquellas sanciones manifiestamente injustas.

"Estamos dispuestos a cerrar todas las heridas, siempre y cuando se garantice el respeto a los derechos humanos", dijo Piñeiro quien consideró que el "ministro Rubalcaba está cumpliendo su palabra, y lo que hemos pedido es una investigación profunda, aunque sea callada, y que se depuren responsabilidades".

"Queremos que se nos meta en la memoria histórica a los guardias civiles que hemos sido represaliados. Hubo unanimidad en el Congreso el 30 de septiembre respecto a la Proposición No de Ley presentada por Rosa Díez, y el Gobierno la está tramitando para reingresar a todos los guardias civiles que fuimos separados del servicio por solicitar una asociación cultural y deportiva", explicó.

Asimismo, Piñeiro indicó que a estos agentes se les "atribuyeron delitos con pruebas y antecedentes penales falsos, y se detrajeron recursos de otros asuntos como la lucha antiterrorista".

En concreto, cifró en unas 80.000 las personas afectadas por esta operación supuestamente orquestada desde la propia cúpula de la Guardia Civil que en aquel momento dirigía Luis Roldán.

"Montaron mi detención con pruebas falsas, a través de un periodista", relató el representante sindical, que en la actualidad no ejerce como guardia civil. Episodios como el suyo aparecen reflejados en un dossier con 100 páginas de documentos sobre la operación Columna, que en su mayor parte aparecen clasificados como secretos y fechados entre 1988 y 1991.

Finalmente, el presidente del SUGC advirtió que "la operación Columna sigue en marcha", y que es "de tal calibre" que afecta a otros aspectos como la lucha contra el terrorismo.

Entrevista a nuestro compañero Morata.

Gargallo, ex sargento: "Nunca dejé de ser guardia civil, de alma y de actitud".

Gargallo, ex sargento: "Nunca dejé de ser guardia civil, de alma y de actitud"  (Imagen: ARCHIVO)

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José Morata Gargallo, de 56 años, va a volver a ponerse el uniforme verde y el clásico tricornio negro que caracteriza a la Guardia Civil. En una iniciativa histórica, el Congreso ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley que exige al Gobierno la readmisión en la Benemérita de cuatro agentes que fueron expulsados hace más de una década por luchar por los derechos de sus compañeros.

Morata, ex sargento, fue el fundador del sindicato clandestino SUGC en 1986 y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la asociación más veterana del Cuerpo, acaba de cumplir 15 años de existencia, y la que más afiliados tiene, cerca de 30.000 agentes.

¿Cuál fue su delito?

Conceder una entrevista a un periodista como secretario general del sindicato clandestino y tener propaganda del mismo en mi casa.

Grave delito.

Ya ves. Mi actividad sindical comenzó en 1986, y en 1990 otros tres compañeros y yo fuimos a parar a una cárcel militar. Yo sólo estuve 19 días. Después estuve tres años suspendido de mis funciones y en 1997 me expulsaron. Hasta ahora.

¿Guarda rencor al Cuerpo?

¿Rencor? No. La Guardia Civil es mi vida. Entré a los 18 años, mi padre era guardia. He tenido la suerte de tener una profesión que me ha encantado. Nunca he dejado de ser guardia civil, de alma y de actitud. Los generales que me expulsaron fueron los que cometieron el error. Al echarme crearon al primer liberado sindical de la Benemérita. Gracias a ese error, la AUGC creció a un ritmo imparable.

Trece años fuera de la Benemérita son muchos años. ¿Su expulsión debió ser un fuerte golpe personal?

Tenía a mi familia mentalizada. Mi mujer y mis dos hijos sabían lo que defendía su padre. No les pilló de sorpresa que me encarcelaran. Pero sí, la expulsión fue dura.

¿En esos 13 años cómo se ha ganado la vida?

Sólo tuve derecho a una pensión de 450 1. He trabajado en 2.000 cosas: en un almacén de azulejos, en otro de bebidas, fui vigilante de un chiringuito playero... y, sobre todo, en la AUGC.

Y ahora, ¿para cuándo espera su reincorporación?

No lo sé. Espero que pronto. La proposición del Congreso no obliga al Gobierno, pero teniendo en cuenta que votó a favor el PSOE, espero que pronto. Soy el único de los cuatro que expulsaron que después siguió con el sindicalismo. Si hay políticos de por medio, siempre soy pesimista. Son muchos años de promesas incumplidas.

¿Sueña con volver a vestir ese uniforme?

Aunque sólo sea por un día. Tengo 56 años y los guardias pasamos a la reserva a los 58. Me quedan dos años. A lo mejor me readmiten y me quieren jubilar anticipadamente. La verdad es que me encantaría volver a un puesto de comandancia (cuando le expulsaron en 1997 era el sargento que mandaba el puesto de Borriana, en Castellón).

¿Y volverá de sargento?

Un día después de expulsarme me iban a ascender a brigada. Te reconocen los años que has estado fuera, así que volveré de subteniente.

¿Ha valido la pena?

Claro que sí, he luchado por lo que he creído, por mejorar los derechos y las libertades de los guardias civiles. Está en juego mi rehabilitación y mi dignidad. Y la de los muchos compañeros que fueron encarcelados y luego expulsados. No soy el único.

viernes, 8 de enero de 2010

Los jueces no pueden optar por la política y después volver sin más a sus puestos.

Rafael Vera: "Voy a querellarme contra Garzón por prevaricación"


Rafael Vera: "Voy a querellarme contra Garzón por prevaricación"
El ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera (Efe).

El juez Baltasar Garzón tiene un nuevo frente judicial que sumar a los que ya tiene abiertos. Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad con los gobiernos de Felipe González, anunció ayer a este diario su intención de querellarse contra el magistrado tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que considera que la “enemistad manifiesta” del juez Garzón hacia él debió llevarle a inhibirse de la investigación del “caso Marey”. Vera y el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, fueron condenados a diez años de prisión por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey por los GAL en 1983.

“La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirma lo que tantas veces dije, que el juez Baltasar Garzón actuó contra mí con absoluta falta de imparcialidad, movido por su enemistad personal, y que debía haberse inhibido de la investigación -dice Rafael Vera-. Volvió de la política al juzgado para vengarse de Felipe González porque no le concedió lo que él quería. Con este fallo tengo argumentos sólidos para presentar contra él una querella por prevaricación”.

El fallo de la Sala Tercera del Tribunal considera que “la imparcialidad del juez podría estar en entredicho (…) por las relaciones personales conflictivas (…) y la enemistad manifiesta” con Vera, pero sostiene que el proceso posterior llevado a cabo por el Tribunal Supremo sí se ajustó a derecho y, en consecuencia, no pone en duda la condena de diez años impuesta al secretario de Estado y al ministro por dicha causa. El fallo se adoptó por cuatro votos a favor de tres, si bien todos los magistrados coincidieron en el varapalo a Garzón, al que acusan de haber violado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial). El presidente de la sala, el andorrano Josep Casadevall, el magistro esloveno Bostjan Zupancic, y la irlandesa Ann Power, que votaron a favor de las tesis de Rafael Vera, no sólo critican a Garzón, sino que consideran que su actuación contamina toda la instrucción e invalida el juicio y la condena por el “caso Marey”.

“Garzón quería ser ministro del Interior”

El que fuera número 2 de Interior con José Barrionuevo, primero, y José Luis Corcuera, después, recuerda que su enfrentamiento con el juez se remonta a la etapa en que el magistrado abandonó el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, desde el que investigaba la guerra sucia de los GAL, para incorporarse a la política como número 2 en las listas del PSOE por Madrid, tras Felipe González, en las elecciones generales de junio de 1993, que revalidaron la victoria de los socialistas.

“Garzón quería ser ministro del Interior o, en su defecto, ocupar mi puesto como secretario de Estado de Seguridad, cosa que no consiguió –dice Rafael Vera-. Fue nombrado delegado del Plan Nacional sobre Drogas (en aquel momento dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales), y le planteó a Corcuera que quería tener a sus órdenes a las unidades operativas antidroga de la Policía y de la Guardia Civil. El ministro le dijo que el responsable de la coordinación de los servicios antidroga de ambos cuerpos policiales era yo y que no podía atender sus deseos. Entonces se fue a ver a Felipe González para quejarse, pero el presidente avaló nuestra tesis. Ese fue el primer roce, pero no el último –continúa su relato-. Cuando Corcuera dimitió y aún estaba en el aire quién iba a ser su sustituto, Luis Roldán, que entonces era el director de la Guardia Civil y aspiraba al cargo, le ofreció mi puesto si a él le nombraban ministro”.

Cambios en el ministerio

Contra todo pronóstico, Antoni Asunción, entonces responsable de Prisiones, fue nombrado ministro del Interior y “obligado” a que Baltasar Garzón recalara en Interior desde Asuntos Sociales con el mismo cargo de delegado del Plan Nacional sobre Drogas, aunque con mayores competencias y ascendido a secretario de Estado. Vera, por su parte, cesó automáticamente como número 2 del departamento, cargo que el magistrado pasó a desempeñar de facto.

La posterior fuga de Luis Roldán tras conocerse su enriquecimiento ilícito forzó la dimisión del ministro Asunción tras sólo cinco meses al frente de la cartera, y la llegada al departamento de Juan Alberto Belloch, que sumó a sus competencias como ministro de Justicia las de Interior, en un macroministerio al que le acompañaron María Teresa Fernández de la Vega y Margarita Robles como viceministras de Justicia e Interior, respectivamente.

La suerte de Garzón estaba echada y poco después abandonó el ministerio por la puerta de atrás, se reincorporó a la Audiencia Nacional y retomó las investigaciones sobre los GAL, que terminarían con José Barrionuevo y Rafael Vera encarcelados por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, en el primer atentado reivindicado por la citada banda anti-ETA, que lo confundió con un etarra. El Tribunal Supremo les condenó a diez años de prisión, el Constitucional confirmó la pena, y el primer gobierno de José María Aznar les indultó en las dos terceras partes de la pena, lo que les permitió recuperar la libertad.

Nueve años para un fallo

Rafael Vera demandó en 2001 al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que tanto el Supremo como el Constitucional violaron derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La demanda fue aceptada tres años después de presentada, en mayo de 2004, por tres de las cuatro causas esgrimidas por la defensa: derecho a un tribunal imparcial, derecho a la presunción de inocencia y derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas. La causa se cerró el 2 de noviembre de 2004 con las alegaciones por escrito del Abogado del Estado y de la defensa, pese a lo cual han tenido que pasar cinco años para que el tribunal se pronuncie.

El fallo recoge que Garzón debió inhibirse por haber coincidido con Rafael Vera en Interior, pero rebate las razones de Vera para anular la condena y considera que fue juzgado con garantías. “Mantengo que no tengo nada que ver con el secuestro de Segundo Marey -manifestó ayer Rafael Vera-. Es una contradicción que condenen a Garzón, que fue el juez instructor, y no invaliden su investigación. La sentencia da por bueno que cuando la causa pasó al Tribunal Supremo éste repitió la instrucción y con ello limpió todo el procedimiento viciado anterior, pero no fue así. Mi defensa reclamó que se repitiera y solicitó, además, que se llamara a declarar a testigos tan relevantes como la juez antiterrorista Laurence Levert, la fiscal Irene Stoler y el comisario de policía francés Joel Cathalá, pero las pruebas fueron rechazadas. No tengo nada que ver con aquel secuestro y por eso voy a recurrir la sentencia ante la Gran Sala (integrada por 17 magistrados, frente a los 7 de la Sala que ha fallado ahora)”.

lunes, 4 de enero de 2010

Las Actas de ETA en negociación con el Gobierno de España

Las actas del proceso de paz incautadas al jefe etarra 'Thierry' son una 'bomba política' para el Gobierno

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Las actas del proceso de paz incautadas al jefe etarra 'Thierry' son una 'bomba política' para el Gobierno
'Thierry', tras su detención en Francia (Efe).

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, tiene en su poder las actas que ETA elaboró sobre sus reuniones con representantes del Gobierno durante el frustrado proceso de paz, y su contenido es “una bomba política”, según fuentes policiales que dicen conocer parte de su contenido. Las actas en cuestión le fueron intervenidas al dirigente etarra Francisco Javier López Peña “Thierry”, detenido el 21 de mayo de 2008 en Burdeos (Francia).

El considerado entonces como número 1 de la banda sustituyó al también jefe etarra José Antonio Urruticoetxea “Josu Ternera” en los últimos encuentros con los interlocutores gubernamentales, fechas antes de que ETA dinamitara el proceso con la colocación de un coche-bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas, en diciembre de 2006. Los servicios antiterroristas le atribuyeron entonces la responsabilidad de la ruptura del “alto el fuego permanente” declarado el mes de marzo anterior, como representante del sector más intransigente de la organización, que consideraba insuficientes las contrapartidas ofrecidas por el Gobierno a cambio del fin definitivo de la violencia.

La detención de “Thierry” fue practicada por la gendarmería francesa en colaboración con la Guardia Civil, que se anticipó a la Policía, que seguía también su pista, lo que generó un encontronazo entre ambos cuerpos de seguridad. Junto al citado dirigente fueron detenidos Igor Suberbiola, Ainhoa Ozaeta y Jon Salaberría, ex parlamentario de Batasuna, que integraban el Aparato Político de la banda, del que dependía la interlocución con el Gobierno.

Una práctica habitual en ETA

Las actas incautadas por los servicios antiterroristas de la Benemérita documentan todas y cada una de las reuniones celebradas con la representación gubernamental, y en ellas están reflejadas las distintas ofertas y contraofertas realizadas por una y otra parte. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el contenido de dichos documentos es muy comprometido políticamente. Días atrás el diario El Mundo reveló, por ejemplo, la identidad de uno de los interlocutores oficiales cuya presencia en la negociación se desconocía: José Manuel Gómez Benítez, abogado y actualmente miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE.

Gómez Benítez esgrimió como “gesto” de buena voluntad del Gobierno el “chivatazo” que unos meses antes había frustrado una operación policial contra una red de extorsión de ETA que tenía su “sede” en el bar El Faisán de Irún. Las conversaciones atravesaban entonces un momento crítico, pese a que las conversaciones que PNV, PSE y Batasuna mantenían en el santuario de Loyola estaban muy avanzadas. Las tres formaciones habían redactado un documento conjunto que recogía, entre otras cosas, un enunciado ambiguo sobre el derecho a decidir, el nudo gordiano del conflicto vasco, que la banda consideró insuficiente.

La elaboración de actas es una práctica habitual en ETA que, prescindiendo de la propaganda, refleja en ellas una versión muy ajustada de lo ocurrido en las reuniones que relata, según reconocen los propios servicios antiterroristas. Ya elaboró actas de las conversaciones de Argel, de los contactos con emisarios del Gobierno en la República Dominicana durante la deportación a la isla caribeña de su equipo de interlocución, de las reuniones con el PNV que precedieron al Pacto de Lizarra y la tregua de 1998, de los encuentros con altos cargos del equipo de José María Aznar en Ginebra y, finalmente, del último proceso de paz protagonizado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. En algunas ocasiones ha difundido su contenidos en su publicación interna Zutabe, que reparte entre su militancia, y en otras las ha hecho públicas en los diarios Egin, ya desaparecido, y Gara.

El confidencial