Rafael Vera: "Voy a querellarme contra Garzón por prevaricación"
El ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera (Efe).
El juez Baltasar Garzón tiene un nuevo frente judicial que sumar a los que ya tiene abiertos. Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad con los gobiernos de Felipe González, anunció ayer a este diario su intención de querellarse contra el magistrado tras conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que considera que la “enemistad manifiesta” del juez Garzón hacia él debió llevarle a inhibirse de la investigación del “caso Marey”. Vera y el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, fueron condenados a diez años de prisión por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey por los GAL en 1983.
“La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirma lo que tantas veces dije, que el juez Baltasar Garzón actuó contra mí con absoluta falta de imparcialidad, movido por su enemistad personal, y que debía haberse inhibido de la investigación -dice Rafael Vera-. Volvió de la política al juzgado para vengarse de Felipe González porque no le concedió lo que él quería. Con este fallo tengo argumentos sólidos para presentar contra él una querella por prevaricación”.
El fallo de la Sala Tercera del Tribunal considera que “la imparcialidad del juez podría estar en entredicho (…) por las relaciones personales conflictivas (…) y la enemistad manifiesta” con Vera, pero sostiene que el proceso posterior llevado a cabo por el Tribunal Supremo sí se ajustó a derecho y, en consecuencia, no pone en duda la condena de diez años impuesta al secretario de Estado y al ministro por dicha causa. El fallo se adoptó por cuatro votos a favor de tres, si bien todos los magistrados coincidieron en el varapalo a Garzón, al que acusan de haber violado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial). El presidente de la sala, el andorrano Josep Casadevall, el magistro esloveno Bostjan Zupancic, y la irlandesa Ann Power, que votaron a favor de las tesis de Rafael Vera, no sólo critican a Garzón, sino que consideran que su actuación contamina toda la instrucción e invalida el juicio y la condena por el “caso Marey”.
“Garzón quería ser ministro del Interior”
El que fuera número 2 de Interior con José Barrionuevo, primero, y José Luis Corcuera, después, recuerda que su enfrentamiento con el juez se remonta a la etapa en que el magistrado abandonó el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, desde el que investigaba la guerra sucia de los GAL, para incorporarse a la política como número 2 en las listas del PSOE por Madrid, tras Felipe González, en las elecciones generales de junio de 1993, que revalidaron la victoria de los socialistas.
“Garzón quería ser ministro del Interior o, en su defecto, ocupar mi puesto como secretario de Estado de Seguridad, cosa que no consiguió –dice Rafael Vera-. Fue nombrado delegado del Plan Nacional sobre Drogas (en aquel momento dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales), y le planteó a Corcuera que quería tener a sus órdenes a las unidades operativas antidroga de la Policía y de la Guardia Civil. El ministro le dijo que el responsable de la coordinación de los servicios antidroga de ambos cuerpos policiales era yo y que no podía atender sus deseos. Entonces se fue a ver a Felipe González para quejarse, pero el presidente avaló nuestra tesis. Ese fue el primer roce, pero no el último –continúa su relato-. Cuando Corcuera dimitió y aún estaba en el aire quién iba a ser su sustituto, Luis Roldán, que entonces era el director de la Guardia Civil y aspiraba al cargo, le ofreció mi puesto si a él le nombraban ministro”.
Contra todo pronóstico, Antoni Asunción, entonces responsable de Prisiones, fue nombrado ministro del Interior y “obligado” a que Baltasar Garzón recalara en Interior desde Asuntos Sociales con el mismo cargo de delegado del Plan Nacional sobre Drogas, aunque con mayores competencias y ascendido a secretario de Estado. Vera, por su parte, cesó automáticamente como número 2 del departamento, cargo que el magistrado pasó a desempeñar de facto.
La posterior fuga de Luis Roldán tras conocerse su enriquecimiento ilícito forzó la dimisión del ministro Asunción tras sólo cinco meses al frente de la cartera, y la llegada al departamento de Juan Alberto Belloch, que sumó a sus competencias como ministro de Justicia las de Interior, en un macroministerio al que le acompañaron María Teresa Fernández de la Vega y Margarita Robles como viceministras de Justicia e Interior, respectivamente.
La suerte de Garzón estaba echada y poco después abandonó el ministerio por la puerta de atrás, se reincorporó a la Audiencia Nacional y retomó las investigaciones sobre los GAL, que terminarían con José Barrionuevo y Rafael Vera encarcelados por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, en el primer atentado reivindicado por la citada banda anti-ETA, que lo confundió con un etarra. El Tribunal Supremo les condenó a diez años de prisión, el Constitucional confirmó la pena, y el primer gobierno de José María Aznar les indultó en las dos terceras partes de la pena, lo que les permitió recuperar la libertad.
Nueve años para un fallo
Rafael Vera demandó en 2001 al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que tanto el Supremo como el Constitucional violaron derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La demanda fue aceptada tres años después de presentada, en mayo de 2004, por tres de las cuatro causas esgrimidas por la defensa: derecho a un tribunal imparcial, derecho a la presunción de inocencia y derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas. La causa se cerró el 2 de noviembre de 2004 con las alegaciones por escrito del Abogado del Estado y de la defensa, pese a lo cual han tenido que pasar cinco años para que el tribunal se pronuncie.
El fallo recoge que Garzón debió inhibirse por haber coincidido con Rafael Vera en Interior, pero rebate las razones de Vera para anular la condena y considera que fue juzgado con garantías. “Mantengo que no tengo nada que ver con el secuestro de Segundo Marey -manifestó ayer Rafael Vera-. Es una contradicción que condenen a Garzón, que fue el juez instructor, y no invaliden su investigación. La sentencia da por bueno que cuando la causa pasó al Tribunal Supremo éste repitió la instrucción y con ello limpió todo el procedimiento viciado anterior, pero no fue así. Mi defensa reclamó que se repitiera y solicitó, además, que se llamara a declarar a testigos tan relevantes como la juez antiterrorista Laurence Levert, la fiscal Irene Stoler y el comisario de policía francés Joel Cathalá, pero las pruebas fueron rechazadas. No tengo nada que ver con aquel secuestro y por eso voy a recurrir la sentencia ante la Gran Sala (integrada por 17 magistrados, frente a los 7 de la Sala que ha fallado ahora)”.
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