Las actas del proceso de paz incautadas al jefe etarra 'Thierry' son una 'bomba política' para el Gobierno
ETA, proceso de paz, negociación
'Thierry', tras su detención en Francia (Efe).
Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, tiene en su poder las actas que ETA elaboró sobre sus reuniones con representantes del Gobierno durante el frustrado proceso de paz, y su contenido es “una bomba política”, según fuentes policiales que dicen conocer parte de su contenido. Las actas en cuestión le fueron intervenidas al dirigente etarra Francisco Javier López Peña “Thierry”, detenido el 21 de mayo de 2008 en Burdeos (Francia).
El considerado entonces como número 1 de la banda sustituyó al también jefe etarra José Antonio Urruticoetxea “Josu Ternera” en los últimos encuentros con los interlocutores gubernamentales, fechas antes de que ETA dinamitara el proceso con la colocación de un coche-bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas, en diciembre de 2006. Los servicios antiterroristas le atribuyeron entonces la responsabilidad de la ruptura del “alto el fuego permanente” declarado el mes de marzo anterior, como representante del sector más intransigente de la organización, que consideraba insuficientes las contrapartidas ofrecidas por el Gobierno a cambio del fin definitivo de la violencia.
La detención de “Thierry” fue practicada por la gendarmería francesa en colaboración con la Guardia Civil, que se anticipó a la Policía, que seguía también su pista, lo que generó un encontronazo entre ambos cuerpos de seguridad. Junto al citado dirigente fueron detenidos Igor Suberbiola, Ainhoa Ozaeta y Jon Salaberría, ex parlamentario de Batasuna, que integraban el Aparato Político de la banda, del que dependía la interlocución con el Gobierno.
Una práctica habitual en ETA
Las actas incautadas por los servicios antiterroristas de la Benemérita documentan todas y cada una de las reuniones celebradas con la representación gubernamental, y en ellas están reflejadas las distintas ofertas y contraofertas realizadas por una y otra parte. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el contenido de dichos documentos es muy comprometido políticamente. Días atrás el diario El Mundo reveló, por ejemplo, la identidad de uno de los interlocutores oficiales cuya presencia en la negociación se desconocía: José Manuel Gómez Benítez, abogado y actualmente miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE.
Gómez Benítez esgrimió como “gesto” de buena voluntad del Gobierno el “chivatazo” que unos meses antes había frustrado una operación policial contra una red de extorsión de ETA que tenía su “sede” en el bar El Faisán de Irún. Las conversaciones atravesaban entonces un momento crítico, pese a que las conversaciones que PNV, PSE y Batasuna mantenían en el santuario de Loyola estaban muy avanzadas. Las tres formaciones habían redactado un documento conjunto que recogía, entre otras cosas, un enunciado ambiguo sobre el derecho a decidir, el nudo gordiano del conflicto vasco, que la banda consideró insuficiente.
La elaboración de actas es una práctica habitual en ETA que, prescindiendo de la propaganda, refleja en ellas una versión muy ajustada de lo ocurrido en las reuniones que relata, según reconocen los propios servicios antiterroristas. Ya elaboró actas de las conversaciones de Argel, de los contactos con emisarios del Gobierno en la República Dominicana durante la deportación a la isla caribeña de su equipo de interlocución, de las reuniones con el PNV que precedieron al Pacto de Lizarra y la tregua de 1998, de los encuentros con altos cargos del equipo de José María Aznar en Ginebra y, finalmente, del último proceso de paz protagonizado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. En algunas ocasiones ha difundido su contenidos en su publicación interna Zutabe, que reparte entre su militancia, y en otras las ha hecho públicas en los diarios Egin, ya desaparecido, y Gara.
El confidencial
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