En mayo, en medio del enfrentamiento entre la justicia ordinaria y la militar, en el que, mientras la primera ordena la puesta en libertad de cada guardia arrestado y la segunda el procesamiento de los que tramitan recurso de hábeas corpus, bajo la curiosa acusación de “falta de confianza hacia el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas”, el Juez Togado Militar de la Región Militar Sur ordena la detención de cuatro guardias destinados en Huelva, el procesamiento del cabo Rosas y el de un periodista. Los guardias son encarcelados y manifiestan abiertamente pertenecer a la U.D.G.C., todavía en trámite de legalización.
Los dictámenes del ministro Serra llegan al extremo de procesar a periodistas por publicar comunicados del S.U.G.C. por insultos al Ejército: Antonio López de “El Correo de Andalucía” y Juan Emilio Ballesteros de “Diario 16". Ante esto, el Parlamento Andaluz aprobó una resolución en apoyo de los periodistas y a favor de comunicar y recibir libremente información. El S.U.G.C. por su parte plantea la cuestión en el sentido de que supone delito militar publicar los comunicados del sindicato ilegal y no lo és publicar comunicados de E.T.A.
Durante el proceso se formula, que sólo cabría la comisión del delito si la Guardia Civil formara parte del Ejército. La sentencia es absolutoria.
En noviembre, Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional,--Otros le llaman el General frustrado-- al no llegarse a un acuerdo, se hace cargo de la sentencia y deniega el recurso de amparo del cabo Rosas contra las sanciones de privación de libertad impuestas por Luis Roldán. Esta decisión provoca la denuncia del S.U.G.C. sobre las sentencias políticas en el alto Tribunal a la hora de expresarse sobre ciertos temas.
Los dictámenes del ministro Serra llegan al extremo de procesar a periodistas por publicar comunicados del S.U.G.C. por insultos al Ejército: Antonio López de “El Correo de Andalucía” y Juan Emilio Ballesteros de “Diario 16". Ante esto, el Parlamento Andaluz aprobó una resolución en apoyo de los periodistas y a favor de comunicar y recibir libremente información. El S.U.G.C. por su parte plantea la cuestión en el sentido de que supone delito militar publicar los comunicados del sindicato ilegal y no lo és publicar comunicados de E.T.A.
Durante el proceso se formula, que sólo cabría la comisión del delito si la Guardia Civil formara parte del Ejército. La sentencia es absolutoria.
En noviembre, Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional,--Otros le llaman el General frustrado-- al no llegarse a un acuerdo, se hace cargo de la sentencia y deniega el recurso de amparo del cabo Rosas contra las sanciones de privación de libertad impuestas por Luis Roldán. Esta decisión provoca la denuncia del S.U.G.C. sobre las sentencias políticas en el alto Tribunal a la hora de expresarse sobre ciertos temas.
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