El PSOE, Felipe González, Barrionuevo, Corcuera y toda la culpa de Roldán el gran desconocido

Las mentiras del PSOE, son un valor añadido en democracia, ¿qué sería este país sin el PSOE y esta banda?, todo por hacerse y mantenerse en el poder. Ignoraban todo, el perseguidor de los Guardias Civiles que denunciaban la corrupción eran ingresados en prisiones y en psiquiátricos, y los PSOE de Felipe el Hermoso, no sabía nada; no debían de leer y ver la prensa del país, y enterarse de lo que se estaba haciendo con los Guardias Civiles democrñaticos, menos engaños y más verguenza, subo al blog del SUGC, otra de historia, Corcuera y Barrionuevo, descubren un nuevo Roldán, HIPOCRITAS Y JETAS, Roldán siempre fue el mismo, y muy fiel a vuestro gobierno pesebrista, que sólo le interesaba la mentira y el poder, como muestra la Operación Columna, documentos clarificadores, que deberían llevar a ZP, a tomar decisiones de reingreso de los Guardias Civiles Separados y a indemnizar por el daño emergente y el lucro cesante a todos los Guardias Civiles democráticos que le han sido vulnerados sus derechos humanos.

"PSOE, menos Mentiras y más Justicia"

Corcuera y Barrionuevo descubren a un nuevo Roldán
El presidente del Tribunal de Cuentas duda de las razones de seguridad en la adjudicación a dedo de cuarteles

C. VALDECANTOS / M. GONZÁLEZ - Madrid - 08/04/1994
José Barrionuevo y José Luis Corcuera, los dos ministros con los que colaboró Luis Roldán al frente de la Guardia Civil, tomaron ayer claras distancias respecto del perfil que se va dibujando de su antiguo subordinado. "El Roldán que yo he conocido y con el que he tratado no tiene nada que ver con el Roldán que veo reflejado en los últimos días en los periódicos". Así se expresó Barrionuevo por la mañana ante los informadores. Por la tarde, Corcuera, al abandonar el Congreso tras más de cuatro horas de comparecencia, coincidió: "Participo de esa afirmación hecha por Barrionuevo". Corcuera guardó silencio al preguntársele si eso significaba que no son ciertas las imputaciones contra Roldán o bien que desconocía las irregularidades en su gestión.
Según fuentes próximas a la comisión, Corcuera -al igual que el ministro, Antoni Asunción y que el director de la Guardia Civil, Ferran Cardenal- desestimó la teoría de la conspiración interna en el Cuerpo como origen de las acusaciones contra Roldán. El ex ministro aseguró que él sólo tenía conocimiento de que Roldán era propietario de una Sociedad Agrícola de Transformación (SAT) junto con el delegado del Gobierno en La Rioja, Miguel Godar, situada en Mequinenza (Zaragoza).Corcuera, titular de Interior de junio de 1988 a noviembre del año pasado, dijo a los comisionados que él, mientras fue ministro, creyó siempre en la legalidad de las actuaciones de su subordinado, de ahí su sorpresa por las noticias que están apareciendo en la prensa. En concreto, el ex ministro aseguró que incluso desconocía la existencia de Europe Capital, sociedad que maneja el patrimonio de Roldán.
Según la impresión transmitida por los representantes de uno de los grupos parlamentarios que integran la comisión investigadora, la postura de Corcuera podría calificarse como de "apoyo distante" a Roldán.
También admitió el anterior titular de Interior, según fuentes indirectas, que su ministerio no investigaba las empresas adjudicatarias de las obras de la Guardia Civil, y dijo desconocer que el general Manuel Llaneras, de la jefatura de apoyo del instituto armado, tuviese intereses en empresas que han resultado beneficiadas por los contratos adjudicados a dedo.
Entrevista con Vera
La diputada de ERC Pilar Rahola le preguntó a Corcuera si se veía con frecuencia con Roldán. El ex ministro contestó con evasivas en el sentido de que no eran amigos, pero admitió que en alguna ocasión se había visto con él en privado tras el cese de éste. También negó que se hubiera reunido ayer con Roldán, y precisó que lo hizo con el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.
Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, se mostró rigurosamente crítico con los excesos cometidos por Interior, y en particular la Guardia Civil, en la adjudicación de obras a través del procedimiento de contratación directa. Según fuentes próximas a la comisión, Carretero indicó que en numerosas ocasiones no se justifican las razones de seguridad ni de urgencia que aduce la Dirección General de la Guardia Civil para llevar a cabo las adjudicaciones de obras de reforma o de nueva construcción en instalaciones y acuartelamientos del instituto armado.
La seguridad se quiebra, dijeron fuentes de la comisión, porque en muchos casos la empresa adjudicataria de la construcción de un cuartel subcontrata las obras a firmas menores o cuentacon trabajadores de la misma población donde se construye, lo cual convierte en papel mojado las supuestas razones de seguridad para adjudicar directamente el edificio a un constructor.
Algunos diputados aseguraron que Carretero cifró en unos 4.000 millones de pesetas el aumento de las partidas de fondos reservados de Interior entre 1987 y 1990. Luis Ramallo, del Grupo Popular, estimó que la transferencia de otras partidas del ministerio a los fondos reservados había supuesto entre un 20% y un 30% de incremento de lo presupuestado entre 1987 y 1990. Puesto que los Presupuestos Generales adjudican a Interior algo más de 800 millones anuales para fondos reservados, ello supone que la desviación entre el 20% y el 30% los elevó hasta el entorno de los 1.000 millones anuales.
La información de Carretero confirmó (ver EL PAÍS del 26 de marzo) que el Gobierno traspasa a los fondos reservados cantidades inicialmente presupuestadas en otros capítulos.
Defensa de Galindo
El PNV, a su vez, insistió en indagar sobre el patrimonio del coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, jefe de la lucha contra ETA en Euskadi, pero, al parecer, con menos contundencia que en los días anteriores. Desde el martes los representantes del PNV en la comisión han venido preguntando por el coronel a todos los comparecientes: a Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil; a su sucesor, Ferran Cardenal; al ministro del Interior, Antoni Asunción, y ayer a los ex ministros Barrionuevo y Corcuera.
Barrionuevo hizo una defensa cerrada de Galindo, al que dedicó todo tipo de alabanzas profesionales, y negó tener conocimiento de ninguna irregularidad en su gestión. El diputado popular Baón llegó a asegurar que Barrionuevo hizo una defensa del coronel "como yo no había oído hasta ahora en esta Cámara".
Corcuera, que también salió en defensa del militar, llegó a pedir a los diputados que no involucren en la investigación a personas dedicadas a la lucha antiterrorista. Los parlamentarios peneuvistas, que la víspera habían amenazado con exigir la comparecencia de Galindo si la respuesta de Corcuera no era convincente, no resolvieron la incógnita de qué actitud adoptarán. Las decisiones sobre nuevas comparecencias han quedado pospuestas para el martes.
Por el secuestro, y asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala en Marzo de 2002 la Audiencia Nacional condenó a Enrique Rodriguez Galindo, Julen Elgorriaga, Angel Vaquero, Felipe Bayo Leal y Enrique Dorado a 365 años de cárcel en total. Hoy en día, sin embargo, todos los condenados están libres. (Aún habiendo recibido condenas de largos años, ni uno sólo de los mencionados ha pasado 10 años en prisión. Enrique Rodriguez Galindo, por ejemplo, no ha cumplido más que 5 años y 5 meses de una condena de 75 años) El que fue general de la Guardia Civil y jefe del cuartel de Intxaurrondo fue excarcelado el 1 de Enero del 2004 argumentando motivos de salud. A poco de llegar el PSOE al gobierno español quedó libre de manos de Zapatero (Es llamativo, por otro lado, el caso del que fue gobernador civil del Gobierno español en Guipuzcoa, Julen Elgorriaga. A éste le condenaron a 75 años de prisión, pero no pasó ni 21 meses privado de libertad 7 de ellos en prision preventiva. Entró en Mayo del 2000 y el mismo Junio del 2001 lo sacaron, también curiosamente argumentando "motivos de salud".
Rápido han salido pues de la cárcel los condenados por "El caso Lasa y Zabala". Tan pronto como fueron encarcelados solicitaron el indulto al gobierno Aznar, pero este no accedió. Sin embargo, desde el mismo momento de su encarcelamiento gozaron de privilegios que el resto de los presos raramente tienen. (Galindo y Angel Vaquero, por ejemplo, estuvieron del 2000 al 2003 en la cárcel militar de Alcalá de Henares aunque ya hacía mucho que habían perdido su condición de militar. De ahí los trasladaron a Ocaña II, y según varios medios de comunicación disponían de un módulo entero para ellos sólos. Disponiendo de 10 celdas vacías, una sala de esar de 35 metos cuadrados, y un patio de otros 300 metros cuadrados. Así mismo, Galindo y Vaquero disponían de televisión y ordenador, y en las celdas vacías tenían acondicionados gimnasio, cocina y servicios para ellos solos. Tenían también permiso del director de la cárcel para traer la comida de fuera de la cárcel. Además de eso, el general Galindo tenía oportunidad de recibir a diario la visita de un hijo, y una vez a la semana la familia en general.[una vez a la semana y al mes respectivamente es el derecho de todo preso]. Los que fueron ministros de Interior del PSOE, Corcuera y Barrionuevo, acudían todos los meses a verle. Al parecer, el 11M del 2004, el día de los atentados islamistas de Madrid, acordaron la libertad de Galindo, Vaquero, en cambio, al menos hasta Octubre del 2007 ha estado en Ocaña II, según el semanario "Interviu". GARA se ha puesto en contacto con responsables de este penal, pero argumentan que no pueden hacer público dato ninguno. Aunque oficialmente no han asegurado este extremo, es muy posible que ya esté en libertad. Ya en Diciembre del 2003, el juez Javier Gómez Bermúdez ofreció el tercer grado tanto a Galindo como a Vaquero, sin que constara ningún tipo de arrepentimiento o similar por parte de estos. Desde entonces no se ha podido saber nada. Mientras el juicio se desarrollaba, los únicos que se encontraban en prisión eran Enrique Dorado y Felipe Bayo Leal, a quienes se condenó en virtud de sus propias confesiones al juez. Sorprendentemente no fueron condenados ni por torturas, ni por integrantes de banda armada. Manteniendo así el Estado, limpias las manos de tal acusacion por los actos del GAL. El ex-Secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y el abogado Jorge Argote, fueron absueltos.
El ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo salió de la cárcel de Ocaña II, en Toledo, el 1 de octubre de 2006, tras pasar sólo cinco años en prisión a pesar de que fue condenado a 75 por su participación en el secuestro y asesinato de los etarras Lasa y Zabala en 1983. Instituciones Penitenciarias había decidido el 29 de septiembre excarcelarle alegando problemas de salud, para que cumpliera el resto de pena en libertad vigilada.Condecoraciones
Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Encomienda de la Orden del Mérito Civil.
Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (dos veces).
Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo (cuatro veces).
Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de primera clase (dos veces).
Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco (tres veces).
Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de primera clase (dos veces).
Medalla de Plata al Mérito Policial.
Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco.
Medalla al Mérito de Protección Civil.


Leguina dice que Felipe González «está tocado» y que «es el último responsable del Gobierno»
Alberdi anuncia la movilización de efectivos del Ejército para localizar al ex director de la Guardia Civil
García Bloise pide que el presidente cese a todos los altos cargos de Interior
EL MUNDO
MADRID.- El «caso Roldán» era la comidilla en todos los corrillos del Palacio de Maudes, donde ayer se celebró el Día de la Comunidad de Madrid. Joaquín Leguina, presidente regional, iba de un lado a otro haciendo declaraciones, y no precisamente sobre la fiesta.
En una de ellas, Leguina se refirió a las consecuencias políticas del «caso Roldán» afirmando sobre Felipe González que «está tocado, como es lógico. Es el último responsable del Gobierno. Eso sí, insisto en que su desaparición de la escena pública podría ser para él muy tranquilizadora, también para Aznar, pero no para el resto del país».
Pero las reacciones sobre el «caso Roldán» y la crisis que han desencadenado no se paraban en el Palacio de Maudes.
Así, Carmen García Bloise, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, exigió ayer a Felipe González que comparezca ante los medios de comunicación a explicar sus medidas para «limpiar» España y a explicar a los españoles «qué pasa», informa Servimedia.
Como primera acción, dijo, debe destituir a todos los altos cargos del Ministerio del Interior, si no dimiten antes. «El Gobierno tiene la obligación de sacar a la palestra todos los casos de corrupción habidos en los años 80», afirmó indignada.
Las declaraciones iban y venían y la gente sólo se hacía una pregunta: «¿Dónde está Roldán?» El Gobierno, según la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, ha puesto todas su bazas en juego.
En declaraciones realizadas ayer en Málaga, la ministra explicó que el Gobierno ha movilizado incluso a efectivos del Ejército para localizar al ex director general de la Guardia Civil.
«LAMENTABLE».- «Resulta lamentable que alguien como Roldán, que ha ocupado un alto cargo en la Administración del Estado, escape ahora a la acción de la Justicia», señaló Alberdi.
La ministra espera que se pueda encontrar «a esta persona» cuanto antes, y confirmó que se ha avisado a la Interpol «por si Roldán se encontrara ya fuera de España».
Las especulaciones eran constantes en Maudes. De cada rincón, de cada grupo, surgía una conjetura, pero el más duro, estuviera donde estuviera, seguía siendo Leguina.
Cuando se le preguntó sobre las declaraciones realizadas a EL MUNDO por Roldán, en las que dijo que se pegaba un tiro o tiraba de la manta, Leguina respondió: «Ambas posibilidades no son incompatibles», si bien dejó claro que primero debe tirar de la manta y después pegarse el tiro.
La preocupación central en las manifestaciones de Leguina se situaba en torno a la estabilidad de la democracia: «Lo que está en crisis no es sólo el Partido Socialista ni el Gobierno socialista, yo creo que es la democracia, que necesita un nuevo impulso y una nueva lectura».
Acto seguido pedía una «ley de partidos» como solución para poner fin al trasfondo oscuro que se descubre detrás de la financiación de los partidos políticos.
En cuanto a la dimisión del ministro del Interior, Antonio Asunción, dijo que era «muy dolorosa, porque llevaba muy poco tiempo y lo estaba haciendo bien; lo alabo. Pero seguir en esta cadencia de dimisiones nos lleva no al desastre del PSOE, que en el fondo sería lo de menos, para decirlo claro, sino a una situación de inestabilidad que no conviene a nadie».
OTRA SALIDA.- A continuación, indicaba: «¡Si yo creo que el PSOE va a pagar... lo está pagando ya, pero se trata de que no lo pague la democracia, que es un valor superior al PSOE».
En el Palacio de Maudes, en otro corrillo, estaba José Barrionuevo, ex ministro del Interior y principal responsable del nombramiento de Roldán como director general de la Guardia Civil.
Allí, en la recepción, Barrionuevo, taciturno, decía sentir «múltiples sentimientos: indignación, sorpresa, vergüenza y, también, por qué no decirlo, compasión».
Alababa, asimismo, la reacción de Asunción, «que ha asumido una responsabilidad muy gallardamente. Deseo fervientemente, además, que las Fuerzas de Seguridad puedan localizar a Luis Roldán».
Afirmaba que la decisión de Asunción «es una y puede haber otras», al tiempo que declaraba que «en este acontecimiento Felipe González no tiene responsabilidad. Lo que pasa es que es presidente del Gobierno, y evidentemente tiene una responsabilidad última, pero una responsabilidad directa, no».
En cuanto a la posibilidad de que el ex director de la Guardia Civil «tire de la manta» y cuente algo comprometido, explicó que no tenía ningún temor. «Yo, ahora y en otras ocasiones, asumiré mis responsabilidades y daré la cara. Cuando ahora veo en un periódico que el señor Roldán dice que sólo tiene dos alternativas (pegarse un tiro o tirar de la manta), creo que hay siempre otra salida mucho más digna y más razonable que esa: responsabilizarse de sus actos, dar la cara y comportarse dignamente. Siempre hay esa salida».
APOYO: Roldán se apropió de 60 millones alegando que era para las víctimas del terrorismo
Luis Roldán se habría apropiado de al menos 60 millones de pesetas de la imprenta del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, alegando que iban a ser destinados a las víctimas del terrorismo, según informa en su edición de hoy Diario 16.
El ex director general de la Guardia Civil desviaba a su secretaría de despacho diversas cantidades de dinero, siempre en metálico y a cambio de recibos sin firma ni control administrativo. Para ello exigía a los administradores de la imprenta que sacaran de la cuenta corriente del establecimiento, mediante talones al portador, cantidades que oscilaban entre los 7 y los 15 millones de pesetas.
Un hombre de confianza de Roldán, el capitán de fragata -entonces ya retirado- Emilio Fabián Arroyo, recogía el dinero alegando que el director general lo quería para entregarlo a las víctimas del terrorismo.
Por otra parte, según publica hoy el diario El País, Luis Roldán reclamó la devolución de 3.639.861 pesetas en su última declaración de la renta, la correspondiente al ejercicio 1992, al resultar negativa. Esta declaración será reclamada hoy por la comisión parlamentaria que investiga su gestión al frente de la Guardia Civil. En 1992, Hacienda retuvo a Roldán 3.668.209 pesetas, por lo que la recaudación del Estado por las rentas del ex director de la Guardia Civil -liquidada el pasado mes de junio- quedó reducida a 28.348 pesetas, a pesar de que su patrimonio declarado rondaba los 500 millones y sus rentas superaban los 11.


GAL, terrorismo de estado
Victor Alonso. 1994.
Tras las últimas noticias y acontecimientos con respecto al terrorismo de estado, pocas cosas quedan por decir que no hayan quedado claras. La llamada guerra sucia comenzó en la última época del franquismo. Los elementos franquistas que todavía dominaban la policía y otros cuerpos represivos intentaron paralizar a la oposición política mediante intimidaciones, secuestros, complots o "eliminaciones físicas". Con Fraga como Ministro del Interior, en el Gobierno de Arias-Navarro, y durante la época de UCD, con Rodolfo Martín Villa en el mismo puesto, actuaron el Batallón Vasco Español (BVE), la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), ATE (Anti Terrorismo ETA), o los Grupos Armados Españoles (GAE).
Estas eran las siglas tras las cuáles se ocultaban los elementos fascistas del aparato del estado, que actuaban con total impunidad, tanto aquí como en otros países.
Aznar quiere "pasar página sobre el GAL". Pero, claro, después de haber utilizado este escándalo como arma electoral contra el PSOE. EL PP disolvió la Comisión GAL del Senado justo cuando se iban a investigar las conexiones de los Gobiernos de UCD con la guerra sucia. Cada vez se ve más clara la hipocresía que está detrás de todas sus acusaciones. El general Sáenz de Santa María tuvo una entrevista privada con Martín Villa horas antes de aparecer en la Comisión GAL. No hay que ser adivino para comprender lo que Sáenz le dijo.
Está claro que advirtió a Martín Villa que el asunto GAL era una cuestión de estado y, que si seguían por ese camino, el propio PP podría acabar arrastrado por el peso muerto de la guerra sucia.
Sáenz representaba al aparato del estado y su advertencia llegó rápidamente a Aznar, que ordenó la liquidación inmediata de la Comisión GAL. En el fondo, la derecha nunca ha tenido interés alguno en que reluciera la verdad sobre el terrorismo de estado.
Encima, Felipe González reconoció que en trece años de gobierno y a veinte años vista de la muerte del dictador, ha sido incapaz de limpiar el aparato del estado de elementos ultraderechistas y augura nuevos GAL.
No le faltó razón a González. Con el PP el terrorismo de estado continúa, aunque de una forma más sútil. Los etarras que insolitamente aparecen suicidados en las cárceles españolas con las manos atadas a la espalda así lo confirman.
Quizá algún día estas misteriosas muertes sean objeto de investigación judicial.
El escándalo de los GAL apareció, tras varios años reposando en los olvidados archivos de la Audiencia Nacional, en un momento de enorme crispación social e impopularidad del Gobierno PSOE.
Como suele ocurrir en estos casos, no fueron ni el gobierno ni la justicia los descubridores de los GAL, sino un puñado de periodistas valientes que desde diferentes medios tuvieron que superar mil y un obstáculos, críticas e insultos para terminar publicando hace ahora ocho años lo que Amedo y Domínguez denuncian después.
Lo fundamental del caso GAL se sabía ya desde que los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués publicaron en 1990 su libro "Amedo, el estado contra ETA".
Sin embargo, las pruebas aportadas por Amedo y Domínguez, tras seis años de silencio esperando la promesa del indulto, han sido cruciales para el descubrimiento de la verdad.
Hasta hace poco, sólo el ex-subcomisario José Amedo y el ex-inspector Michel Domínguez, condenados a 108 años de prisión, y en régimen abierto desde julio de 1993, habían sido procesados por el caso GAL.
La versión oficial, totalmente inverosímil, era que estos dos policías habían creado, financiado y dirigido los GAL por su cuenta y riesgo.
Implicación policial
Entonces, ¿qué hacían el responsable de operaciones del Ministerio del Interior, el jefe superior de Policía de Bilbao y el jefe de la Brigada de Información del Mando Único Antiterrorista visitando a Amedo y Domínguez en la cárcel de Guadalajara unos meses después de su procesamiento?
¿Qué hacía, Rafael Vera, ex-secretario de Estado para la Seguridad, entrevistándose con las mujeres de los dos policías encarcelados?
¿Qué hacía el secretario personal de Vera, Juan de Justo, viajando a Suiza con maletines repletos de dinero proveniente de los fondos reservados para entregárselo a las esposas de los procesados?
¿Qué hacía Julián Sancristóbal, ex-director de la Seguridad del Estado y ex-gobernador civil de Vizcaya rectificando de su puño y letra un comunicado de los GAL?.
Es evidente que sólo la absoluta confianza en la cobertura legal y política que le suministraba el Gobierno, la impunidad total que le garantizaba el ejecutivo, puede explicar el cúmulo de chapuzas y despropósitos de una trama secreta de terrorismo de estado como fue el caso GAL.
Es evidente, también, que el ex-ministro de Interior, Barrionuevo, así como su jefe en el Gobierno, Felipe González, estaban al tanto de todo y por tanto, eran los máximos responsables de los GAL.
¿Como ocurrió esto? Al llegar al gobierno en 1982, Felipe González y su equipo no se atrevieron a depurar el aparato del estado, lleno de fascistas, y continuaron la misma política de terrorismo de estado que inauguró el franquismo.
El Gobierno PSOE en vez de enfrentarse a los sectores más reaccionarios de la sociedad, apoyándose en los 10 millones de votos que recibió, y realizar una política al servicio de los intereses de los trabajadores, se convirtió en el instrumento político del gran capital, la Iglesia y los militares.
¡Qué se callen los cómplices!
Las críticas al PSOE provenientes de la derecha, y en especial del PP, son la expresión más acabada de la hipocresía política.
Alianza Popular, antecesora del PP, apoyó al Gobierno de UCD que sostuvo al Batallón Vasco-Español.
En aquella época, el siniestro Martín Villa era el Ministro del Interior, que ahora ocupa un puesto en la dirección del PP de Aznar. Además, el anterior presidente del PP, Manuel Fraga, y ahora, de la Xunta, en su época de jefe de la oposición le decía a González: "En materia antiterrorista nunca le sacaré los colores" y alardeaba de ello. Por tanto, ¡que se callen los complices!.
¿Quién tiene que abrir la boca en este tema? El pueblo vasco que sufrió la represión de sus libertades y derechos nacionales bajo el franquismo y no vio reconocido su derecho a la autodeterminación bajo la "democracia" y la clase trabajadora del Estado español, auténtica protagonista en la lucha por las libertades democráticas.
¿Podemos confiar en la justicia? ¿Podrán llegar los jueces hasta el final? Difícilmente. Las trampas legales de Vera para retrasar y obstaculizar su procesamiento; la renuncia del fiscal original del caso, Ignacio Gordillo, tras las presiones y amenazas recibidas; el contraataque gubernamental contra Garzón; la sentencia de González: "nunca podrá demostrarse la implicación del Estado en la trama de los GAL" después de desvelar que el estado también se defendía desde las alcantarillas; son simples botones de muestra de las dificultades que acompañarían una investigación independiente.
La justicia, a pesar de que puedan existir buenos profesionales, está al servicio de la clase dominante que no le interesa que se llegue hasta el fondo.
Si antes Amedo y Domínguez fueron los cabezas de turco, ahora se buscarán unos nuevos que paguen el pato, con tal de echar tierra sobre el asunto. Para el esclarecimiento total de los hechos no podemos confiar en la justicia burguesa. Tampoco en comisiones de investigación parlamentaria, puesto que tanto el PSOE como el PP, están interesados en mantener lo más oculto posible la verdadera responsabilidad del terrorismo de estado. La única solución para esclarecer la verdad en torno al terrorismo de estado es la investigación independiente a cargo de una comisión internacional. Los marxistas del IZQUIERDA REVOLUCIONARIA pensamos que es prioritaria la movilización de la clase obrera y la juventud en torno a un programa mínimo que plantee:
* La creación de una comisión internacional integrada por personalidades independientes, sindicalistas de reconocido prestigio, representantes de asociaciones democráticas y de defensa de los derechos humanos, representantes de la juventud luchadora, de las Madres de Mayo, etc., que investigue con luz y taquígrafos hasta el total esclarecimiento de los GAL y de todas las tramas paralelas.
* La defensa de las libertades democráticas y por tanto, la derogación inmediata de la Ley Corcuera y la Ley Antiterrorista.
* La depuración de todos los elementos fascistas del aparato del estado.
* La abolición de los fondos reservados, que sólo han servido para encubrir el crimen y pagar sobresueldos a los altos funcionarios.
* Encarcelamiento inmediato de los criminales Amedo y Domínguez, así como de todos los responsables policiales y políticos de los GAL.
* Inmediata desmilitarización de la Guardia Civil y posterior disolución del cuerpo. Derechos sindicales plenos para los policías.
* Libertades y derechos políticos y sindicales plenos para los soldados, así como el control obrero de las academias militares y de la policía.
Movilización
Es necesaria la movilización en torno a estos puntos. Las organizaciones obreras, y en especial, IU tienen esta responsabilidad.
El caso GAL como toda la trama del terrorismo de estado es un antecedente de lo que aparato del estado en manos de los capitalistas puede hacer contra sus enemigos.
Igual que han matado a militantes abertzales, y también a gente que no ha tenido nada que ver con ETA, no les temblaría la mano a la hora de atentar contra dirigentes políticos y sindicales de la clase obrera sí sus intereses y privilegios estuvieran en juego.
La guerra sucia contra el independentismo vasco provocó 69 muertos y más de 500 atentados entre 1975 y 1987. El primer atentado, realizado en 1975, en vida de Franco, fue reivindicado por ATE (Antiterrorismo ETA).
En esta primera época, el terrorismo de estado, también, apareció con nombres como los GAE (Grupos Armados Españoles) o la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista).
A partir de 1980, el BVE (Batallón Vasco-Español) fue el que reivindicaba los atentados. Las víctimas eran refugiados políticos vascos, dirigentes de ETA, militantes abertzales o los familiares de todos ellos.
Aunque desde el principio murieron gente que nada tenía que ver con ETA ni con su entorno. Por ejemplo, en 1979, una bomba colocada en el bar Aldana de Baracaldo mató a cuatro clientes. Este atentado fue reivindicado por los GAE.
En Hendaya, el BVE ametralló a los clientes de un bar frecuentado por refugiados vascos, muriendo dos subditos franceses (hubo también nueve heridos).
Relacionado con este caso, un alto jefe policial español, el comisario Manuel Ballesteros, fue acusado en dos ocasiones de prevaricación y condenado por denegación de auxilio a la justicia.
Este comisario impidió la identificación y detención de tres individuos (que dijeron ser policías), que tras el atentado, cruzaron precipitadamente la frontera francesa en dirección al Estado español. Este último atentado al igual que otros muchos aún no ha sido aclarado.
Aunque, la implicación de las fuerzas españolas de seguridad era más que evidente.
Por ejemplo, en 1983, todavía bajo el Gobierno de UCD, tres geos (grupo de élite de la Policía) y el comisario Jesús Alfredo Gutiérrez fueron detenidos por la policía francesa y encarcelados en la prisión de Pau cuando intentaban secuestrar al refugiado político vasco José Mª Larretxea.
Este fue un caso aislado. La inmensa mayoría de los policías o guardias civiles españoles que fueron detenidos en Francia con armas o documentación falsa eran liberados sin más explicaciones.
Normalmente, los atentados se hacían en el sur de Francia, hasta que en 1979, los GAE asesinaron a Tomás Alba, consejal de Herri Batasuna, extendiendo el terrorismo de estado a Euskadi Sur.
Hace 19 años que HB tiene su propio Gregorio Ordoñez. Ni que decir tiene que no se realizó ningún acto de protesta por el asesinato fuera de Euskadi. Con la llegada del PSOE al gobierno esta dinámica de guerra sucia sólo cambia de nombre.
Los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) asesinaron a 27 personas, ocho de las cuáles no tenían nada que ver con ETA, entre octubre de 1983 y julio de 1987, siendo el continuador del Batallón Vasco-Español de la época UCD.
Entre las víctimas de los GAL se encuentra el parlamentario de HB Santi Brouard, uno de los representantes políticos vascos más votados.
Los 69 asesinatos como consecuencia del terrorismo de estado entre 1975 y 1987 demuestra que la Constitución que tanto ama Anguita es sólo papel mojado.
La prohibición explícita de la pena de muerte establecida en la Carta Magna no ha servido para detener la aplicación de la máxima pena, decidida sin jueces ni abogados en los despachos oficiales.
La trama de los GAL demuestra que todavía falta mucho para considerar al Estado español como una democracia burguesa en el sentido tradicional del término.
Aquí siguen existiendo fuertes elementos continuadores del franquismo, como la guerra sucia, las torturas, los recortes de derechos, la brutalidad policial, y en especial, la figura del bonaparte que nos dejo Franco como regalo envenenado para el futuro.
La clase trabajadora y la juventud debe sacar la conclusión de que la lucha por la defensa de las libertades democráticas es permanente y nunca se agota.
Hoy, la única garantía que tenemos para el futuro es el fortalecimiento de nuestras organizaciones, lo que implica la vuelta a la militancia activa con objeto de transformar los sindicatos y partidos obreros en auténticos instrumentos de lucha y transformación social.


José Barrionuevo anuncia que sólo habrá dos cuerpos de policía y la Guardia Civil
El ministro del Interior clausura las jornadas municipales sobre seguridad ciudadana
ALEX GRIJELMO, - Madrid - 24/01/1983

El ministro del Interior, José Barrionuevo, anunció ayer, durante la clausura de las Cuartas Jornadas sobre Competencias Municipales en Seguridad Ciudadana, que en el futuro sólo existirán dos cuerpos de policía: la estatal, en la que se integrarán la Policía Nacional y el Cuerpo Superior de Policía, y la territorial, que refundirá la policía municipal y la autonómica. Junto con ellas, según aclaró a los periodistas tras su discurso, subsistirá la Guardia Civil.
La noticia en otros webs
A las jornadas asistieron dos centenares de concejales y delegados municipales de seguridad ciudadana, quienes elaboraron unas conclusiones en las que atribuyen la sensación de inseguridad de los ciudadanos a factores que no son competencia de los ayuntamientos. Los actos fueron organizados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) órgano de representación de las corporaciones locales.El ministro del Interior afirmó durante su discurso: "Los cuerpos de Policía Municipal deben seguir siendo potenciados con los que son sus principios básicos: la proximidad a los vecinos y la buena imagen ante el conjunto de los ciudadanos, con ese afecto de los ciudadanos a la Policía Municipal. Y dentro de esa potenciación, pensamos que debe irse produciendo una paulatina reducción del número de cuerpos que operan en el país. El esquema final, el objetivo último, que ha de ser examinado de forma pragmática, pero con las cautelas debidas, es que existan dos cuerpos de policía: uno territorial, que debe encargarse de todas las funciones en su ámbito, y otro con funciones supracomunitarias, como las relativas a la persecución del crimen organizado y de la delincuencia que traspasa límites y fronteras".
"A este esquema", añadió Barrionuevo, "ha de llegarse no por vía de sustitución de unos cuerpos por otros, ni de creación o desaparición. Nuestra doctrina, que parte de los trabajos de las sucesivas jornadas sobre seguridad ciudadana, es que a ese objetivo final ha de llegarse por la vía de la integración; y pasa por el cumplimiento de muchos objetivos marcados en las jornadas, como fijar en el marco de la comunidad autónoma los requisitos para el acceso a los cuerpos de policías locales y creación de academias regionales o escuelas para homogeneizar la formación de sus miembros. Esa homogeneización debe hacerse siempre sin menoscabar las competencias del alcalde y los ayuntamientos de cada localidad".
El ministro explicaría después a los periodistas que en ese marco trazado durante su discurso subsistirá también la Guardia Civil como cuerpo militar. "Pensamos", dijo, "que debe mantener su estructura militar, pero con más vinculación al Ministerio del Interior en tiempo de paz. La Guardia Civil mantendrá las funciones tradicionales que vienen desde el antiguo cuerpo de carabineros y las que incluso están marcadas en algunos estatutos de autonomía, como la acción en el medio rural, la vigilancia de aeropuertos y costas, la acción en las fronteras, etcétera".
Competencias gubernativas para los alcaldes
Durante el discurso de clausura, Barrionuevo afirmó que su departamento proyecta devolver a los alcaldes las competencias gubernativas "eliminadas en fechas coincidentes con las últimas elecciones que dieron paso a los ayuntamientos democráticos". El ministro precisó que, tras ser promulgada la normativa que prepara actualmente su departamento, los alcaldes presidirán las juntas locales de seguridad, cuya misión será coordinar las fuerzas policiales de cada población.
Manifestó también que espera poder entregar a las Cortes en los meses de verano el proyecto de ley orgánica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, prevista en la Constitución. "Antes", explicó, "en fechas más próximas, dentro de no muchas semanas, será promulgado el decreto de ordenación básica de las policías municipales, que tendrá su fundamento en los trabajos de éstas y anteriores jornadas. El texto fue negociado por la comisión de seguridad ciudadana de la FEMP con el anterior ministro del Interior y hubo cierta conformidad por ambas partes, pero no llegó a ser publicado. Espero que pueda ser aplicado antes de las próximas elecciones municipales y que los actuales equipos puedan astribuírselo como uno más de sus logros de estos cuatro años".
Conclusiones de las jornadas
Las conclusiones de las jornadas recogen el hecho de que existe una aparente contradicción entre la memoria del fiscal general del Estado, según la cual disminuyó la delincuencia en 1980 y 1981, y la sensación ciudadana de inseguridad detectada en una encuesta realizada por la FEMP. Los factores que determinan ese estado de opinión son, según las conclusiones, el fácil y rápido conocimiento de los hechos violentos o delictivos por las informaciones de los medios de comunicación; el incremento de la violencia como espectáculo en cine y televisión; el aumento en los componentes ajenos a los delictivos, como el paro, la situación económica, los problemas educativos y culturales, etcétera, y la falta de agilidad de la Administración de justicia, "por lo cual es necesaria una mayor clarificación y firmeza en la actuación de la misma".
Los asistentes a las jornadas se han mostrado de acuerdo también en la necesidad de una ley orgánica de la Policía y de institucionalizar la Comisión de Seguridad Ciudadana de la FEMP, y en la nula incidencia que han tenido en la Administración las conclusiones adoptadas en las jornadas sobre Policía Municipal celebradas años atrás en Cartagena, Valladolid y Palma de Mallorca.